Juan Horacio González Gaviola, superintendente de riesgos
del trabajo (SRT) se refirió así a Asecor, la ART que contiene a los empleados
públicos provinciales y de la que aseguró que aún no cuenta con el aval de
la Superintendencia de Seguros. Destacó la caída local del índice de mortalidad
laboral aunque criticó las primas que cobran las aseguradoras.
El titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
Juan Horacio González Gaviola, estuvo en Córdoba el viernes pasado con una
agenda de trabajo que incluyó un encuentro con el ministro de Trabajo de la
Provincia, Adrián Brito, junto a quien repasaron los índices de siniestralidad
laboral. Además dialogaron respecto de la autoaseguradora local. En diálogo con Comercio y Justicia,
González Gaviola se explayó sobre éstos y otros temas.
-¿Cómo está Córdoba en materia de riesgos laborales?
-En los últimos cuatro años, Córdoba ha bajado 51% la cifra de mortalidad laboral, lo que realmente es para sacarse el sombrero. Está mejor que la media nacional, que se ubicó en 2014 en 47,4 muertos por millón de trabajadores. En Córdoba, en el año 2010 había 90,1 muertes por millón y ha bajado a 44 muertes por millón de trabajadores en 2014. Y digo que esa cifra podría ser mucho mejor porque la actividad de gobierno, que tiene un sistema de autoseguro que no está dentro del Sistema de Riesgo del Trabajo, es una actividad de muy baja siniestralidad y, al no estar dentro del sistema, no se contabiliza. Sin embargo, siento mucho orgullo, porque en lo que tiene que ver con riesgos del trabajo hemos creado una verdadera política de Estado en la que no hubo ningún tipo de discriminación. La superintendencia firmó convenios con las 24 provincias y repartió recursos de manera proporcional a la cantidad de trabajadores que tiene el sistema. Eso permitió que las provincias fortalecieran sus sistemas inspectivos, con mayor cantidad de inspectores y mejor calificados porque les dimos capacitación, computadoras y un sistema de acta única digitalizado.
-En los últimos cuatro años, Córdoba ha bajado 51% la cifra de mortalidad laboral, lo que realmente es para sacarse el sombrero. Está mejor que la media nacional, que se ubicó en 2014 en 47,4 muertos por millón de trabajadores. En Córdoba, en el año 2010 había 90,1 muertes por millón y ha bajado a 44 muertes por millón de trabajadores en 2014. Y digo que esa cifra podría ser mucho mejor porque la actividad de gobierno, que tiene un sistema de autoseguro que no está dentro del Sistema de Riesgo del Trabajo, es una actividad de muy baja siniestralidad y, al no estar dentro del sistema, no se contabiliza. Sin embargo, siento mucho orgullo, porque en lo que tiene que ver con riesgos del trabajo hemos creado una verdadera política de Estado en la que no hubo ningún tipo de discriminación. La superintendencia firmó convenios con las 24 provincias y repartió recursos de manera proporcional a la cantidad de trabajadores que tiene el sistema. Eso permitió que las provincias fortalecieran sus sistemas inspectivos, con mayor cantidad de inspectores y mejor calificados porque les dimos capacitación, computadoras y un sistema de acta única digitalizado.
-Mencionó recién que Córdoba tiene su propio sistema de
seguro, ¿en qué influye que no esté dentro del Sistema de Riesgo del Trabajo?
-La provincia de Córdoba debe regularizar su situación y conformar su autoseguro dentro del marco normativo que está establecido en la ley de Riesgos del Trabajo.
-La provincia de Córdoba debe regularizar su situación y conformar su autoseguro dentro del marco normativo que está establecido en la ley de Riesgos del Trabajo.
-Es decir, la aseguradora que actualmente funciona, ¿está
fuera del marco normativo establecido?
-Está fuera porque debería tener el visto bueno de la Superintendencia de Seguros de la Nación con respecto a garantizar el reaseguro técnico de que hay dinero suficiente para pagar los pasivos que se puedan generar, y el control de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que se hagan las tareas respectivas en materia preventiva, de prestaciones médicas y de prestaciones dinerarias. Es algo que venimos charlando con la Provincia y creemos que se va a resolver a la brevedad.
-Está fuera porque debería tener el visto bueno de la Superintendencia de Seguros de la Nación con respecto a garantizar el reaseguro técnico de que hay dinero suficiente para pagar los pasivos que se puedan generar, y el control de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para que se hagan las tareas respectivas en materia preventiva, de prestaciones médicas y de prestaciones dinerarias. Es algo que venimos charlando con la Provincia y creemos que se va a resolver a la brevedad.
-¿La Provincia no tiene dinero suficiente para conformar
el fondo necesario para la aseguradora?
-No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los autoseguros requieren de un control para ver si los tiene, lo que no quiere decir que no los tenga. En la actualidad estamos en charlas con Asecor para ver de qué manera se normaliza esta situación. Estamos en una instancia intermedia que no termina de convalidarse. Incluso la Provincia podría verse beneficiada, porque, de incorporarse, se podrían mejorar mucho más aún los indicadores de siniestralidad y mortalidad, que son buenos. Hoy en Córdoba los únicos indicadores que están mal son respecto de la alícuota que están cobrando por trabajador. Y eso tiene más que ver con el tema de la judicialización que con el tema de los accidentes. En ese indicador (primas de seguros), Córdoba está 27% por sobre el promedio nacional, pese a que está por debajo en los índices de siniestralidad. Ésta es la paradoja que yo remarco. Los jueces nos decían que para evitar la judicialización debíamos -partiendo de la base de que la judicialización se produce porque se hizo una ley mala, una ley antitrabajador que le pagaba poco y le impedía el acceso a la Justicia, entre otros defectos- hacer más prevención y pagar más. Hemos hecho las dos cosas. La prevención se nota en un indicador que es “de fierro”: el de la mortalidad. Hoy la paradoja es que con más prevención y mayor indemnización tenemos más juicios en vez de menos.
-No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los autoseguros requieren de un control para ver si los tiene, lo que no quiere decir que no los tenga. En la actualidad estamos en charlas con Asecor para ver de qué manera se normaliza esta situación. Estamos en una instancia intermedia que no termina de convalidarse. Incluso la Provincia podría verse beneficiada, porque, de incorporarse, se podrían mejorar mucho más aún los indicadores de siniestralidad y mortalidad, que son buenos. Hoy en Córdoba los únicos indicadores que están mal son respecto de la alícuota que están cobrando por trabajador. Y eso tiene más que ver con el tema de la judicialización que con el tema de los accidentes. En ese indicador (primas de seguros), Córdoba está 27% por sobre el promedio nacional, pese a que está por debajo en los índices de siniestralidad. Ésta es la paradoja que yo remarco. Los jueces nos decían que para evitar la judicialización debíamos -partiendo de la base de que la judicialización se produce porque se hizo una ley mala, una ley antitrabajador que le pagaba poco y le impedía el acceso a la Justicia, entre otros defectos- hacer más prevención y pagar más. Hemos hecho las dos cosas. La prevención se nota en un indicador que es “de fierro”: el de la mortalidad. Hoy la paradoja es que con más prevención y mayor indemnización tenemos más juicios en vez de menos.
-¿A qué se debe?
-A que hay algunos sectores que ven la posibilidad de sacarle dinero al Sistema de Riesgos del Trabajo inventando enfermedades. En Córdoba ha habido ya varias investigaciones en las que se descubrieron asociaciones ilícitas y hubo incluso detenidos. Vale saber que la Comisión Médica no sólo dictamina daños para el sistema laboral sino también para el sistema previsional y en este último hay una apelabilidad de 4,6% respecto de los dictámenes, mientras que en el sistema laboral tenemos 200% de apelabilidad. Anualmente se determinan 60 mil incapacidades y hay más de 110 mil juicios. En esto, las ART son absolutamente corresponsables, porque en muchas provincias donde hemos hecho el chequeo de lo que han homologado en cuanto a incapacidades, nos hemos encontrado con que no son tales. Y esto ha sido convalidado no sólo por la comisión médica sino también por los cuerpos médicos forenses de las provincias.
-A que hay algunos sectores que ven la posibilidad de sacarle dinero al Sistema de Riesgos del Trabajo inventando enfermedades. En Córdoba ha habido ya varias investigaciones en las que se descubrieron asociaciones ilícitas y hubo incluso detenidos. Vale saber que la Comisión Médica no sólo dictamina daños para el sistema laboral sino también para el sistema previsional y en este último hay una apelabilidad de 4,6% respecto de los dictámenes, mientras que en el sistema laboral tenemos 200% de apelabilidad. Anualmente se determinan 60 mil incapacidades y hay más de 110 mil juicios. En esto, las ART son absolutamente corresponsables, porque en muchas provincias donde hemos hecho el chequeo de lo que han homologado en cuanto a incapacidades, nos hemos encontrado con que no son tales. Y esto ha sido convalidado no sólo por la comisión médica sino también por los cuerpos médicos forenses de las provincias.
-¿Cómo se soluciona?
-Primero, generando una interpretación uniforme del plexo normativo, situación que hemos estado charlando la semana pasada con la Suprema Corte de Justicia, porque si hay algo que hoy la Justicia no garantiza es la igualdad de los derechos de los ciudadanos ante la ley, porque según el juzgado donde el trabajador caiga, le aplican retroactividad o no, 20% sobre el accidente in itinere, entre otras cosas. Entonces hemos estado difundiendo un material en el ámbito judicial que demuestra cómo una persona que se muere (con determinada edad y sueldo) según caiga en un juzgado u otro puede generar una indemnización de seis millones de pesos o de 26. Esto no es igualdad de derechos ante la ley. La Suprema Corte ha entendido que esto es un tema sistémico y va a tomar estos casos de diversidad interpretativa para que se unifiquen. La otra cosa que debemos ver es cómo logramos que la determinación del daño sea similar en el ámbito administrativo y en el laboral. Pero si yo tengo en el ámbito administrativo, médicos elegidos por concurso, a los que se les paga un sueldo fijo que no tiene nada que ver con la determinación de la incapacidad y tengo un sistema de control sobre esos médicos y una política sancionatoria para cuando se desvían; y en el ámbito judicial, no tengo controles y además el perito cobra más mientras más daño determina, hay una invitación a ir al ámbito judicial porque aparece como más generoso en la determinación del daño. Además, el juez tiene pocos mecanismos para establecer si el asesoramiento que recibe es el adecuado y las ART son muy flojas para controlar todo eso, porque dicen que aumentan sus costos. Hay todo un intríngulis que se ha generado ahí y que estamos tratando de solucionar, para lo cual hemos firmado convenios con diferentes Cortes y la de Córdoba es una de ellas.
-Primero, generando una interpretación uniforme del plexo normativo, situación que hemos estado charlando la semana pasada con la Suprema Corte de Justicia, porque si hay algo que hoy la Justicia no garantiza es la igualdad de los derechos de los ciudadanos ante la ley, porque según el juzgado donde el trabajador caiga, le aplican retroactividad o no, 20% sobre el accidente in itinere, entre otras cosas. Entonces hemos estado difundiendo un material en el ámbito judicial que demuestra cómo una persona que se muere (con determinada edad y sueldo) según caiga en un juzgado u otro puede generar una indemnización de seis millones de pesos o de 26. Esto no es igualdad de derechos ante la ley. La Suprema Corte ha entendido que esto es un tema sistémico y va a tomar estos casos de diversidad interpretativa para que se unifiquen. La otra cosa que debemos ver es cómo logramos que la determinación del daño sea similar en el ámbito administrativo y en el laboral. Pero si yo tengo en el ámbito administrativo, médicos elegidos por concurso, a los que se les paga un sueldo fijo que no tiene nada que ver con la determinación de la incapacidad y tengo un sistema de control sobre esos médicos y una política sancionatoria para cuando se desvían; y en el ámbito judicial, no tengo controles y además el perito cobra más mientras más daño determina, hay una invitación a ir al ámbito judicial porque aparece como más generoso en la determinación del daño. Además, el juez tiene pocos mecanismos para establecer si el asesoramiento que recibe es el adecuado y las ART son muy flojas para controlar todo eso, porque dicen que aumentan sus costos. Hay todo un intríngulis que se ha generado ahí y que estamos tratando de solucionar, para lo cual hemos firmado convenios con diferentes Cortes y la de Córdoba es una de ellas.
Fuente: http://comercioyjusticia.info
No hay comentarios:
Publicar un comentario